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cobro coactivo -impuestos Dian

COBRO COACTIVOProcedimiento. Se inicia con el mandamiento de pago / AVALUO DE BIENES EMBARGADOS – Se hace con base en el valor comercial / REMATE  DE  LOS  BIENES – Procede  una  vez  está  en  firme  el avalúo.  Trámite  /  AUTO  APROBATORIO  DEL  REMATE  –  Es susceptible  de  control jurisdiccional 


 El proceso administrativo de cobro, está regulado en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario. Se inicia con la expedición del mandamiento de pago, que ordena  al  deudor  cancelar  las  obligaciones pendientes  por  impuestos,  anticipos,retenciones, y sanciones que consten en títulos ejecutivos ejecutoriados en contra de este. Si dentro de los quince días siguientes a la notificación del mandamiento de  pago el deudor no paga el monto de la deuda con sus intereses o no se proponen excepciones, la Administración ordena seguir adelante la ejecución y el remate de los bienes embargados y secuestrados.  El  artículo  838 [parágrafo] del Estatuto Tributario  dispone  que el avalúo de los bienes embargados se hará teniendo en cuenta su valor comercial, dictamen que se notificará personalmente o por correo. También  prevé  que  si  el deudor no estuviere de acuerdo  podrá pedir un segundo avalúo dentro de los 10 días siguientes a la notificación, avalúo contra el cual no procede recurso alguno.Conforme el artículo 840 del  mismo  estatuto,en  firme  el  avalúo  se  llevará  a  cabo  el  remate  de  los  bienes  según  los  artículos 523 a 529 del Código de Procedimiento Civil. 
Así, entonces, se fijará fecha y hora para la diligencia de remate cuya base será el 70% del valor del avalúo en firme.Para fines de publicidad, con mínimo diez días de antelación a la fecha del remate se publicará, por una sola vez, un aviso en un periódico de amplia circulación en el lugar y en una radiodifusora local si la hubiere. Las constancias certificadas, copia del diario y el certificado de libertad del inmueble se allegarán al expediente antes de iniciar el remate. El bien se adjudicará al mejor  postor,  quien  dentro  de  los 3 días siguientes a la realización del remate  deberá consignar el saldo del  mismo.
Luego de ello, la DIAN, mediante auto motivado, aprobará la diligencia de remate (artículo 530 del Código de Procedimiento Civil antes de la modificación de la Ley 1395 de 2010). Adicionalmente, la Sala ha admitido que el auto aprobatorio de un remate puede ser objeto de control judicial.


FUENTE  FORMAL:  ESTATUTO  TRIBUTARIO – ARTICULO  838  / ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTICULO 823 / ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTICULO 840


PRINCIPIO DE CONGRUENCIA – Aplicación. Congruencia interna y externa / NORMAS  PROCESALES –Son de orden público / DERECHOS SUSTANCIALES- No se ven menoscabados por las  formas  procesales / PROCESO DE COBRO COACTIVO – Garantiza el derecho de debido proceso.
No se puede revivir término en etapas procesales diferentes.


El  principio  de  congruencia  se  regula en  el  artículo  170  del  Código  Contencioso  Administrativo,  que  dispone  que  la sentencia  debe  ser  motivada y debe  analizar los  hechos  en  que  se  funda  la  controversia, las  pruebas,  las  normas  jurídicas pertinentes,  los argumentos  de  las partes y  las excepciones con el objeto de resolver  todas  las  peticiones.  Por  su parte, el  artículo  305  del  Código de Procedimiento  Civil,  exige  que  la  sentencia  debe estar en consonancia  con  los hechos  y  las  pretensiones  aducidos en la  demanda  y con  las  excepciones que aparezcan  probadas y hubieren  sido  alegadas, si así  lo exige la ley. Se reitera que, “el  principio  de  congruencia de la sentencia, exige de una parte, que exista armonía entre la parte motiva y la parte resolutiva de  la  misma, lo que se denomina  congruencia  interna,  y  de  otra,que  la  decisión  que  ella  contenga, sea concordante con lo pedido por las partes tanto en la demanda, como en el escrito de  oposición,  denominada  congruencia  externa,  es  decir,  se  tome  la  decisión conforme se ha marcado la controversia en el proceso.” El fin de la prevalencia de la sustancia sobre la forma es que el reconocimiento de los derechos sustanciales no se vea menoscabado por el exceso de rigor de las formas jurídicas, a punto tal que anulen un derecho no adjetivo cierto en cabeza de un sujeto de derecho. Aun así, no puede perderse de vista que las normas de procedimiento son de derecho público  y  orden  público  cuyo  fin  es  la  efectividad  de  los  derechos  reconocidos en la ley. Para  este  fin, el Estatuto Tributario, prevé el procedimiento que debe seguirse, el cual, como se  vio, también conlleva la aplicación  de  las  normas pertinentes del Código  de  Procedimiento  Civil. Estas normas no pueden ser desconocidas por la DIAN, el contribuyente,ni mucho menos por la Administración de justicia, pues garantizan el debido proceso y el cumplimiento del principio de igualdad ante la ley y así mismo, evitan la arbitrariedad. Conforme con lo anterior, mal  puede  el  a quo desconocer el  valor de un  avalúo  en  firme,  por  la  inactividad del demandante, a pesar de que la Administración le concedió la oportunidad para controvertirlo.

FUENTE  FORMAL:  CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTICULO 170/CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL –ARTICULO 305


CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION CUARTA

Consejera ponente: MARTHA TERESA BRICEÑO DE VALENCIA


Bogotá, D.C. doce(12) de abril de dos mil doce (2012)
Radicación número: 15001-23-31-000-2009-000-92-01(18720)
Actor: JAIRO ROBERTO GONZALEZ LARA
Demandado: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

FALLO

Decide  la  Sala  el  recurso  de  apelación  interpuesto  por  el  demandante contra la sentencia de 21 de noviembre de 2010 del Tribunal Administrativo de Boyacá, que dispuso:
“PRIMERO:  Declarar  no  probada  la  excepción  de  falta  de  requisito de procedibilidad,con base en los argumentos esgrimidos en  la parte considerativa.
SEGUNDO:  Declarar  no  probados  los  cargos  endilgados  a  los  actos administrativos  cuestionados en la demanda, por lo expuesto  en  la  parte motiva.
TERCERO:  Negar  las  pretensiones  de  la  demanda  y  en  consecuencia mantener  la  presunción  de  legalidad de los autos N°8526161-606-005 del  9  de  octubre  y  1-26  del 24 de diciembre de 2008, conforme a las consideraciones de este fallo.
CUARTO: Abstenerse de imponer condenas en costas.
QUINTO: (...)”

ANTECEDENTES


La  DIAN  libró  mandamiento de pago contra Jairo Roberto González Lara por concepto de renta de los periodos 2000 y 2001, e IVA por los periodos 6 de 1998; 4  y  5  de  1999;  6  de  2000; 2 y 4 de 2003; 5 de 2004; 2, 5 y 6 de 2005; 4 y 6 de 2006, 4 y 5 de 2007 y 1 y 2 de 2008.
Previos  embargo  y  secuestro  del  inmueble  de  propiedad  del  deudor,  por auto de 13  de  noviembre  de  2007,  la  DIAN  aprobó  el avalúo  del  inmueble  por  valor  de  $100.887.000. 

El  9  de  octubre de 2007, la DIAN  notificó  al  deudor  el  auto  del  19  de  septiembre del mismo año, por el cual se corrió traslado del avalúo.
Por  oficio de  27 de febrero de 2008, la  DIAN  invitó  al  deudor  a  acogerse  a  la condición especial de pago de la Ley 1175 de 2007, respecto de las obligaciones pendientes de 2005 y años anteriores.
Jairo  Roberto  González  Lara  se  acogió  a  los  beneficios  de  la  Ley  1175  de  2007, pero  incumplió parte de sus obligaciones    pendientes.    Igualmente, con posterioridad  al  2005  tenía  obligaciones insatisfechas, por lo que el proceso de cobro debía continuar. 
El  29  de  septiembre  de  2008  se  realizó la diligencia  de  remate  del  inmueble del deudor  y  se  adjudicó  el  bien  a  Marco  Fidel  Tapias  Ladino  por  un  valor de $70.621.000.
Mediante  Auto  N°  8526161-606-005  de 9 de octubre  de  2008, la DIAN aprobó el remate del inmueble ubicado en la Calle 3 N°2-70  de  la  Ciudadela Industrial  de Duitama,  de  propiedad  de  JAIRO  ROBERTO GONZÁLEZ LARA. El acto fue apelado y confirmado mediante Auto 1-26 de 24 de diciembre de 2008.

DEMANDA

En ejercicio de la acción prevista  en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, la parte demandante solicitó anular los autos números 8526161-606-005 de 9 de octubre de 2008, por medio del cual se aprobó el remate y 1-26 de 24 de diciembre 2008, que lo confirmó.Además, solicitó que se cumpliera el fallo según los artículos  173,  176  y  177  del  Código Contencioso  Administrativo  y  que  se condenara en costas a la demandada.
Invocó como violados los artículos 1°, 2°, 4°, 6°, 13, 29, 83, 121, 209 y 228 de la Constitución Política.
Los cargos de la demanda se resumen así:
Violación al debido proceso
Adujo la vulneración de las normas citadas, porque a pesar de haberse acogido al beneficio  de  la  Ley  1175  de  2007  fue  sorpr
endido  con  el  remate  del  inmueble  de su propiedad, con base en el avalúo de $100.887.000, cuando su valor comercial era de $450.000.000, teniendo en cuenta el área del terreno, la construcción y los equipos existentes en el inmueble.

También se violaron el debido proceso y el principio de buena fe porque no se le notificó personalmente el auto que corrió el traslado del avalúo.
La  DIAN se  extralimitó  en  sus  funciones al no ordenar un segundo avalúo del inmueble.  Además,  remató  un  predio en el cual  existían  unos  inmuebles  por destinación,  que  incrementaban  su  valor y  que no fueron inventariados en la diligencia de secuestro.
No se impugnaron los actos de la DIAN, porque el deudor fue invitado a acogerse a  los beneficios  de  la  Ley  1175  de  2007 y  había  pagado  parte  de  la  deuda  que  tenía con la entidad. 

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

La  DIAN  solicitó  que  se  negaran  las  pretensiones  de  la  demanda,  por  las siguientes razones:


Violación al debido proceso.
No se configuró la violación del artículo 29 constitucional, porque la DIAN dio a conocer al demandante todas las  actuaciones  proferidas  dentro  del  proceso de cobro coactivo, incluso el traslado del avalúo y su aprobación,  notificados, respectivamente, el 13 de noviembre y el 11 de diciembre de 2007.
A su vez, el ejecutado participó en las diligencias de secuestro y avalúo del bien, sin formular reparo alguno. 
Adicionalmente, no se tomó como base del remate el avalúo catastral del inmueble para el año 2008, dado que su valor estaba desactualizado,  por  lo  que  la  DIAN  acudió  al  avalúo de un experto y el bien fue  valorado en más del doble del valor catastral. 
Igualmente, no existe prueba de que en el bien rematado existieran inmuebles por destinación, ni de su valor.
No se violó el principio de la buena fe porque si bien el demandante se acogió al beneficio de la Ley 1175 de 2007 no pagó totalmente lo adeudado a la DIAN, por lo que el proceso debió continuar.
En   suma,   al   demandante   se   le   dieron  a   conocer   todas   las   actuaciones relacionadas  con  el  avalúo  del  inmueble  objeto  de  remate  y  tuvo  oportunidad  de objetarlo, solicitar nulidades y contradecir el dictamen.


Excepción de agotamiento del requisito de procedibilidad
El demandante no agotó el requisito de procedibilidad de conciliación extrajudicial para instaurar la acción de nulidad y restablecimiento de derecho, a pesar de que el asunto versa sobre la nulidad de unos actos en un proceso de cobro coactivo en el cual no se discuten tributos, sino el avalúo de un inmueble que fue rematado.

SENTENCIA APELADA

El Tribunal declaró no probada la excepción de falta de requisito de procedibilidad,puesto que según el artículo 13 de  la  Ley 1285  de  2009,  reglamentado  por  el artículo 2 del Decreto 1716 del mismo año, la conciliación extrajudicial no se aplica a asuntos de índole tributaria, como en este caso.
Además, negó las pretensiones de la demanda, por las siguientes razones:
Dentro del término del traslado del dictamen pericial sobre el avalúo del inmueble,el  demandante  no  formuló  objeción  alguna,  razón  por  la  cual  la  DIAN  aprobó  el  avalúo, decisión que fue comunicada al actor.
Aunque la demandante se acogió a la condición especial de pago de obligaciones tributarias  del 2005 y años anteriores, como lo permitía  la  Ley  1175  de  2007, no  pagó  todas  las  obligaciones  pendientes, motivo por el cual el proceso de cobro debía continuar.
Previo  a  decretarse  el  remate  del  inmueble, mediante oficios persuasivos,  la Administración invitó al contribuyente a  ponerse  al  día  con  sus  obligaciones tributarias. 
Sin  embargo,  este  incumplió  el  compromiso adquirido. Por ello, la DIAN fijó  la fecha para  el  remate,  hizo  las  publicaciones  de  rigor,  realizó  la  diligencia  de remate y la aprobó, actuaciones que fueron dadas a conocer al deudor. Por tanto, no podía el accionante señalar que fue asaltado en su buena fe.
Así   mismo, el  auto que corrió traslado del avalúo podía ser notificado personalmente o por correo según el artículo 566 del Estatuto Tributario. La DIAN optó  por  la  notificación  postal,  mediante  oficio 730  de  24  septiembre  de  2007, recibido por la demandante. 
Como  el  deudor  no  objetó  el  dictamen,  la  DIAN  aprobó  el  avalúo  mediante  auto que  le  fue  notificado  al  demandante,  quien  guardó  silencio.  En  consecuencia,  el auto  quedó  ejecutoriado  y  mal  puede  ahora cuestionar el valor asignado al inmueble, dado que nadie puede sacar ventaja de su negligencia.
No  procede  la  condena  en  costas  debido  a  la lealtad  procesal  con  que  actuaron las partes.

RECURSO DE APELACIÓN

El demandante apeló el fallo de primera instancia, por las siguientes razones:
Los actos demandados violaron los artículos, 1,2, 4, 6,13, 29,90,121,209 y 265 constitucionales;  411,  422  en  armonía con  la  Ley  27 de 1977,  1613  y  1614  del Código  Civil;  82,  86, 231, 137, 170 a 179, 206, 207 y  s.s. del Código Contencioso Administrativo.
Lo anterior,porque se desconoció el debido proceso por cuanto se avaluó el inmueble de su propiedad por el 50% del valor comercial, lo que llevó a la práctica de  una  diligencia de remate y su posterior aprobación sin atender la realidad del mercado inmobiliario, según el cual, el precio comercial del bien era de $450.000.000.

Tal circunstancia generó un daño antijurídico y una lesión enorme para el demandante consistente en una disminución injustificada de su patrimonio, que no está obligado a soportar y, a su vez, originó un enriquecimiento sin justa causa a favor del rematante, quien adquirió el bien por un valor muy inferior a su precio real.

El fallo recurrido incurrió en manifiestas incongruencias, porque permitió la primacía de las formalidades procedimentales sobre la realidad material, que impedía rematar el inmueble por un valor irrisorio.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

La parte demandante guardó silencio.

La parte demandada pidió confirmar el fallo apelado, con base en los mismos argumentos aducidos en la contestación de la demanda. Además agregó que:

La oposición a la legalidad del auto aprobatorio del remate se centra en la discusión del auto que aprobó el avalúo, decisión que se encuentra en firme.

La DIAN dio cumplimiento a los artículos 523 y concordantes del Código de Procedimiento Civil y sacó a licitación el inmueble con una base del 70% del avalúo.

No existe lesión enorme en las ventas que se hacen por ministerio de la ley.

El Ministerio Público solicitó confirmar la sentencia, según los siguientes mrazonamientos:

La aprobación del remate estuvo precedida de la práctica de un avalúo realizadoconforme a la ley. Este fue puesto en conocimiento de la parte ejecutada, quien no lo objetó, de manera que el valor allí establecido resultaba incontrovertible y obligatorio.

Una vez en firme el avalúo y ante el no pago de las sumas insolutas por tributos, procede el remate del bien que se inicia con una base del 70% del avalúo y se adjudica al mejor postor. La aprobación del remate debe hacerse una vez consignado el precio del remate, siempre que se cumplan los requisitos de los artículos 523 a 528 del Código de Procedimiento Civil.

Como la Administración actuó en cumplimiento de la ley, no puede declararse la nulidad del auto aprobatorio del remate y su confirmatorio, por un desacuerdo respecto del avalúo del inmueble no alegado oportunamente.

  CONSIDERACIONES DE LA SALA

La Sala decide sobre la legalidad de los actos administrativos por medio de los cuales la DIAN aprobó el remate del inmueble del demandante dentro del proceso administrativo de cobro iniciado en su contra.

Problema jurídico

La Sala precisa si hubo violación al debido proceso por haberse rematado el inmueble del demandante con base en un avalúo que supuestamente no corresponde al valor real del bien. Por la misma razón, determina si el fallo apelado es incongruente porque presuntamente, no dio prevalencia a lo sustancial sobre lo formal.

Violación al debido proceso 

El recurrente sostiene que la DIAN le violó el derecho al debido proceso y el derecho a la propiedad, porque remató el inmueble con base en un avalúo muy inferioralvalor real del bien. Ello, porque en su opinión el valor comercial del bien es de $450.000.000 y la DIAN aprobó el dictamen o avalúo por $100.887.000.

Por lo anterior,el demandante alega que hubo un enriquecimiento sin justa causa del rematante y una correlativa disminución injustificada de su patrimonio y,que además, sufrió lesión enorme.

El proceso administrativo de cobro, está regulado en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario. Se inicia con la expedición del mandamiento de pago,que ordena al deudor cancelar las obligaciones pendientes por impuestos,anticipos, retenciones, y sanciones que consten en títulos ejecutivos ejecutoriados en contra de este.

Si dentro de los quince días siguientes a la notificación del mandamiento de pago el deudor no paga el monto de la deuda con sus intereses o no se proponen excepciones, la Administración ordena seguir adelante la ejecución y el remate de los bienes embargados y secuestrados.

El artículo 838 [parágrafo] del Estatuto Tributario dispone que el avalúo de los bienes embargados se hará teniendo en cuenta su valor comercial, dictamen que se notificará personalmente o por correo. También prevé que si el deudor no estuviere de acuerdo podrá pedir un segundo avalúo dentro de los 10 días siguientes a la notificación, avalúo contra el cual no procede recurso alguno.

Conforme el artículo 840 del mismo estatuto, en firme el avalúo se llevará a cabo el remate de los bienes según los artículos 523 a 529 del Código de Procedimiento Civil.

Así, entonces, se fijará fecha y hora para la diligencia de remate cuya base será el 70% del valor del avalúo en firme. Para fines de publicidad, con mínimo diez días de antelación a la fecha del remate se publicará, por una sola vez, un aviso en un periódico de amplia circulación en el lugar y en una radiodifusora local si la hubiere. Las constancias certificadas, copia del diario y el certificado de libertad del inmueble se allegarán al expediente antes de iniciar el remate.

Abierta la diligencia de remate en la fecha y hora señaladas, participarán como postores quienes hubieren consignado a órdenes de la DIAN el 40% del valor del avalúo del inmueble.

El bien se adjudicará al mejor postor, quien dentro de los 3 días siguientes a la realización del remate deberá consignar el saldo del mismo. Luego de ello, la DIAN, mediante auto motivado, aprobará la diligencia de remate (artículo 530 del Código de Procedimiento Civil antes de la modificación de la Ley 1395 de 2010).

Adicionalmente, la Sala ha admitido que el auto aprobatorio de un remate puedeser objeto de control judicial.

En el caso concreto, la DIAN inició proceso administrativo de cobro contra el demandante mediante la expedición de los respectivos mandamientos de pago,que fueron notificados por correo.

Dentro del término legal, el ejecutado no propuso excepciones contra el mandamiento de pago, ni pagó las obligaciones a su cargo.

Por Resolución DIAN N° 2007039000157 del 6 de agosto de 200712, notificada el 17 de agosto del mismo año, la DIAN ordenó seguir adelante la ejecución y el remate de los bienes embargados y secuestrados.

Previos embargo y secuestro del inmueble del demandante ubicado en la Calle 3 N° 2-70 de Duitama, el 11 de septiembre de 2007 se avaluó el inmueble por un perito en la suma de $100.887.000.


-Por auto del 19 de septiembre 2007, notificado por correo el 9 de octubre de 2007 la DIAN corrió traslado del avalúo al demandante.

-El avalúo quedó en firme puesto que el demandante no solicitó la práctica de uno nuevo.

-En consecuencia, por auto 13 de noviembre de 2007 notificado por correo el 11 de diciembre de 2007, la DIAN acogió el avalúo del perito por valor de $100.887.000.

-Con fundamento en la Ley 1175 de 2007, la DIAN envió al actor oficio persuasivo penalizable del 25 de julio de 2008, para se que pusiera al día en el pago de sus obligaciones tributarias insolutas.

- El demandante solo se puso al día en algunas de las obligaciones, como lo aceptó en la demanda y lo sostuvo la DIAN.

- Mediante auto de 1 de septiembre de 200816, la DIAN fijó fecha para la práctica de la diligencia de remate del inmueble.

-Previas publicaciones de ley, la diligencia de remate se llevó a cabo en la fecha y hora señaladas en el auto anterior, como consta en el acta 8526161-005-605. El bien se adjudicó al primer postor, con base en el 70% del avalúo.

-Por auto 8526161-606-005 de 9 de octubre de 2008 notificado el 15 de noviembre del mismo año,la DIAN aprobó el remate del inmueble del demandante, a favor de Marco Fidel Tapias Ladino.

-El 6 de octubre de 2008, el actor interpuso recurso contra el auto aprobatorio de remate,porque,a su juicio, el avalúo del bien no se ajustó a la realidad comercial.

-Por auto 1-26 de 24 de diciembre de 2008, la Administración confirmó el auto apelado.

De lo expuesto se tiene que realizado el avalúo por el perito, se ordenó su traslado al ejecutado quien no pidió la práctica de uno nuevo, como lo prevé el artículo 838 del Estatuto Tributario. En consecuencia, procedía la aprobación del mismo.

Es de anotar que tanto el auto que ordenó correr traslado del avalúo como el que lo aprobó fueron notificados por correo como lo permiten los artículos 565 y 838 del Estatuto Tributario, a la última dirección informada por el demandante en el RUT, y que el correo no fue devuelto. Por lo demás, este aspecto no fue objeto de apelación.

A pesar del conocimiento que tuvo el demandante del avalúo, no solicitó la práctica de uno nuevo. En consecuencia, ante la firmeza del avalúo la DIAN procedió al remate del inmueble, para que con su producto se pagaran las obligaciones tributarias a cargo del demandante.

Adicionalmente, para llevar a cabo el remate y su posterior aprobación se agotaron las formalidades de los artículos 523 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.

En consecuencia, al no impugnar oportunamente el avalúo, este quedó en firme y debía tenerse como base del remate del inmueble.

Y, si bien el demandante impugnó el acto aprobatorio del remate, no lo hizo para cuestionar la legalidad del trámite sino para rechazar el avalúo del bien, cuando ya había precluido el término para ello.

El demandante alega que el predio rematado tenía un valor comercial mayor,porque en él había unos bienes inmuebles por destinación que no fueron tenidos en cuenta.Este argumento no tiene sustento,porque las medidas cautelares recayeron únicamente sobre el inmueble junto con las construcciones existentes.Además, no se avaluaron equipos sino el terreno y la edificación,que finalmente constituyó el predio rematado, sin que allí se incluyeran inmuebles por destinación o bienes muebles.

Se insiste en que si el demandante consideraba que el inmueble rematado tenía un mayor valor al del avalúo aprobado por la DIAN, en cumplimiento del debido proceso debió pedir en tiempo un nuevo avalúo, y no pretender desconocer su firmeza al demandar el auto aprobatorio del remate.

De otra parte, el deudor no puede pretender la nulidad de los actos acusados, por la vía de alegar un eventual daño antijurídico que proviene de su falta de gestión al no pedir un segundo avalúo del predio.

Tampoco se configuró un enriquecimiento sin justa causa a favor del rematante, por cuanto este es un tercero adquirente de buena fe, que acudió a una subasta pública y obtuvo la adjudicación de un bien legalmente, es decir, el ingreso a su patrimonio del bien rematado tiene justa causa.

Igualmente, no se desconoció el derecho de propiedad del demandante, porque debía pagar voluntariamente las obligaciones tributarias y como no lo hizo, la Administración obtuvo el pago forzado de estas.

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que el patrimonio del deudor es prenda común de los acreedores,según la prelación legal26. Por último, no hubo lesión enorme porque esta figura no opera en las ventas forzadas.

Violación del principio de congruencia

El recurrente sostiene que la sentencia fue incongruente porque no tuvo en cuenta la realidad de los hechos, esto es, que el inmueble se remató con base en un avalúo muy inferior al real, con lo cual se dio prelación a lo formal sobre lo sustancial.

El principio de congruencia se regula en el artículo 170 del Código Contencioso Administrativo, que dispone que la sentencia debe ser motivada y debe analizar los hechos en que se funda la controversia, las pruebas, las normas jurídicas pertinentes, los argumentos de las partes y las excepciones con el objeto de resolver todas las peticiones. Por su parte, el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, exige que la sentencia debe estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas, si así lo exige la ley.

Se reitera que, “el principio de congruencia de la sentencia, exige de una parte,que exista armonía entre la parte motiva y la parte resolutiva de la misma, lo que se denomina congruencia interna, y de otra, que la decisión que ella contenga, sea concordante con lo pedido por las partes tanto en la demanda, como en el escrito de oposición, denominada congruencia externa, es decir, se tome la decisión conforme se ha marcado la controversia en el proceso.”

A su vez, el artículo 228 de la Constitución Política29 prevé que en todas las actuaciones de los jueces prevalecerá el derecho sustancial.

Esta es una de las garantías de toda persona en cuanto a la aplicación, logro,realización y reconocimiento de sus derechos sustantivos, máxime que uno de los fines esenciales del Estado Social de Derecho es la garantía efectiva de los derechos establecidos en el ordenamiento jurídico.

El fin de la prevalencia de la sustancia sobre la forma es que el reconocimiento de los derechos sustanciales no se vea menoscabado por el exceso de rigor de las formas jurídicas, a punto tal que anulen un derecho no adjetivo cierto en cabeza de un sujeto de derecho. Aun así, no puede perderse de vista que las normas de procedimiento son de derecho público y orden público cuyo fin es la efectividad de los derechos reconocidos enlaley.

En relación con el alcance y la importancia de las normas procesales, la Corte Constitucional ha precisado que tienen una función instrumental, y ha sostenido que “(…) es un error pensar que esta circunstancia les reste importancia o pueda llevar a descuidar su aplicación. Por el contrario, el derecho procesal es la mejor garantía del cumplimiento del principio de la igualdad ante la ley. Es, además,un freno eficaz contra la arbitrariedad. Yerra, en consecuencia, quien pretenda que en un Estado de derecho se puede administrar justicia con olvido de las formas procesales. Pretensión que sólo tendría cabida en un concepto paternalista de la organización social, incompatible con el Estado de derecho”.

En el caso del proceso administrativo del cobro el objetivo es obtener el pago forzoso de las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias, incluso mediante el remate de los bienes del deudor.

Para este fin, el Estatuto Tributario, prevé el procedimiento que debe seguirse, el cual,como se vio, también conlleva la aplicación de las normas pertinentes del Código de Procedimiento Civil.

Estas normas no pueden ser desconocidas por la DIAN, el contribuyente,ni mucho menos porla Administración de justicia, pues garantizan el debido proceso y el cumplimiento del principio de igualdad ante la ley y así mismo, evitan la arbitrariedad.

Conforme con lo anterior, mal puede el a quo desconocer el valor de un avalúo en firme, por la inactividad del demandante, a pesar de que la Administración le concedió la oportunidad para controvertirlo.

Por el contrario, aceptar que un avalúo debidamente aprobado pueda ser revivido a través de la nulidad del acto aprobatorio del remate, implica el abierto desconocimiento del debido proceso y de la igualdad de las partes

Dado que el fallo apelado mantuvo la congruencia porque analizó los hechos de la controversia, las pruebas existentes, las normas pertinentes y los argumentos de las partes, no le asiste razón al recurrente.

Los planteamientos anteriores son suficientes para confirmar la sentencia apelada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley

F A L L A

1. CONFÍRMASE la sentencia apelada

2. RECONÓCESE personería a la abogada Maritza Alexandra Díaz Granados, en representación de la DIAN, de conformidad con el poder que se encuentra en el folio 257.


Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha.


HUGO FERNANDO BASTIDAS BÁRCENAS

Presidente

MARTHA TERESA BRICEÑO DE VALENCIA

WILLIAM GIRALDO GIRALDO

CARMEN TERESA ORTIZ DE RODRÍGUEZ



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